Exploramos cómo la soberanía tecnológica puede transformar la administración pública y empoderar a la ciudadanía. Desde la revolución digital en Estonia hasta la innovación participativa en Barcelona, descubre cómo el control y la optimización de los datos por y para la ciudadanía generan un bien común en nuestra sociedad digital. Sumérgete en la tecnopolítica y el impacto de la tecnología en la democracia y la participación ciudadana.

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Estonia, un país de referencia en soberanía tecnológica

Estonia es uno de los países modelo en cuanto a aplicación de la tecnología a la administración pública. Dispone en estos de un proyecto, e-Estonia, exportable y referenciable para muchos otros países.

Según el informe de la Unión Europea de 2016 sobre eGovernment, Estonia era uno de los países con mayor crecimiento, índice de digitalización y de penetración de internet en toda Europa. En 2017 se consideró el 5º país a nivel internacional en este ámbito y en 2018, según el informe DESI (Digital Economy and Society Index) ocupa la novena plaza en el ámbito europeo.

Rainer Kattel durante la sesión desveló alguna de las claves que han permitido a Estonia alcanzar estos resultados. Ser un país pequeño y que en un momento clave se produjera un cambio en las élites abrió la oportunidad a la digitalización del país. El momento geopolítico proporcionado por la desmembración de la antigua Unión Soviética y una ansiada expansión de los mercados tecnológicos de Finlandia y Noruega, dieron paso a una profunda transformación de las infraestructuras en los servicios públicos.

La consolidación de los unos servicios seguros y eficaces han dado como resultado importantes ahorros en tiempo y dinero al conjunto del país, sobre todo a la ciudadanía. Aunque hay un pero. Es un excelente sistema de acceso a los servicios, pero no hay implicación de la ciudadanía. Ésta no influye en la definición de las políticas.

Barcelona, un experimento de participación ciudadana

La llegada al gobierno de la ciudad de Ada Colau supuso un cambio en la manera de enfocar la política municipal. Francesca Bria, como responsable de tecnología e innovación en el ayuntamiento, puso de manifiesto que desde su llegada el objetivo ha sido poner la tecnología al servicio de la ciudadanía, es decir, fortalecer su soberanía tecnológica.

El ir más allá de la sensorización y la caza de los datos, lo que podríamos considerar la configuración de una Smart Social City y colocar en el centro a la ciudadanía, su empoderamiento, mediante la transformación e innovación digital, dieron forma al plan Barcelona Ciudad Digital. Se quiere alcanzar la soberanía tecnológica y evitar precisamente que determinados proveedores acumulen poder mediante la gestión de infraestructuras y de los datos que de ellas emanan.

Este modelo incentiva modelos de participación híbrida entre lo digital y lo analógico y entre la participación directa y representativa. Un ejemplo que ilustra este proceso de cambio es Decidim Barcelona, que canaliza todos los procesos participativos que se llevan a cabo desde el ayuntamiento.

Todas estas actuaciones han llevado a Barcelona a ser la quinta ciudad más innovadora de Europa y la 13 a nivel mundial, según el informe Observatorio Barcelona 2017.

El sector público como polo de atracción del talento

Cuando en Estonia se produce la revolución digital, esta fue liderada por una élite con mentalidad hacker. Se facilitó la implementación de las soluciones propuestas por ingenieros. Y esta realmente fue una de las claves, poder disponer de talento en el sector público.

El problema habitual dentro de las administraciones públicas es que no se dispone de talento y del conocimiento para llevar a cabo grandes cambios tecnológicos. La formación común de los que gestionan es bastante generalista, tal y como expuso Rainer Kattel. Esta falta de talento y la externalización de los servicios favorecen el clientelismo tecnológico y que la mayoría de proyectos ya empiecen a estar desactualizados incluso antes de ponerse en marcha.

Barcelona, al configurarse como un escenario de innovación pública, está tratando de atraer talento, de evitar que el sector privado lo acapare todo. Es una cuestión de innovación institucional.

Soberanía tecnológica y control democrático de los datos

La posición dominante de algunas empresas hace que haya acumulación de poder al gestionar infraestructuras y datos de servicios públicos. Uno de los objetivos, en Barcelona, es evitar que se produzca esta concentración y que esta acabe en una oligarquía empresarial.

Por este motivo, se han definido una serie de condicionantes para que haya una mejor redistribución en el ámbito de la contratación pública. La exigencia de estándares, que sean empresas de carácter local y que no importe el tamaño, que cumplan una serie de requisitos en cuanto al pago de salarios, contratación de género y por supuesto la inclusión de cláusulas de soberanía tecnológica han supuesto un verdadero cambio en la manera de hacer las cosas en este ayuntamiento.

Los datos a partir de este momento cambian de concepción y pasan a ser una infraestructura más. Son algo que pertenecen a la ciudadanía y que se utilizan para la generación del bien común.

Se tiene que tener en cuenta que los datos, hoy en día, son denominados como la nueva materia prima de la industria. Y como tales son el objetivo de la mayoría de empresas. Estas los utilizan principalmente publicidad y vigilancia, entrenan a sus algoritmos para ello.

Los dos grandes bloques empresariales tecnológicos se reparten el pastel de los datos. Por un lado, GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) y por el otro BAT (Baidu, Alibaba y Tencent). Se están incorporando a todos los sectores. Desde la salud a la justicia, y desde la administración pública, se ha de estar vigilante con la actividad privada en estos sectores, por lo fundamental que son para la ciudadanía. Los gobiernos, según Rainer Kattel han de ser ambiciosos, sentarse con las empresas. Estos deben tener parte del poder de los datos.

Otro paso importante a dar no solo es que las administraciones tengan el control de los datos, sino que sean los propios ciudadanos los que tengan ese control. El ciudadano debe poder decidir qué datos quiere compartir, configurándose con ello un pacto social y convirtiendo los datos en una infraestructura.

Los datos han de ser accesibles para la ciudadanía. No solo ha de poder decidir, también ha de poder acceder a ellos, no solo son para los técnicos. El cómo serán los servicios asociados a los datos es un punto muy importante de cara a la soberanía tecnológica y el control democrático de los mismos.